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¿Por qué es importante la participación ciudadana?

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MGAP Rosmi Bonilla, asesora de contenidos de IberComp por México

*Charla con alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga

 septiembre de 2017

 

A todos nos resulta fácil y hasta atractivo criticar las acciones u omisiones de gobierno. Especialmente en México, tenemos la cultura de un modelo paternalista nacido luego de la revolución, en el siglo pasado, en el que el Gobierno tiene la obligación se resolver todos, absolutamente todos, nuestros problemas.

Basta recordar aquella campaña del Partido Verde Ecologista de México que decía: “Si el gobierno no tiene medicinas, que te las pague”.  Cierto, la seguridad social en nuestro país es responsabilidad del gobierno; pero, precisamente en mofa a ello, surgieron chistes como: si este día del amor no tienes pareja, que el gobierno te la pague.

Desde esa perspectiva, parece que el Estado no hace nada: no hay medicinas, la educación gratuita es deficiente y el 73 por ciento de los mexicanos siente que vive en la ciudad más insegura[1]. Pero ¿qué hacemos nosotros, los ciudadanos?

Hace unos días, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, compartió en sus redes sociales un video de la limpieza de cárcamos en los ríos que atraviesan nuestra ciudad[2].  Es lamentable ver la cantidad de basura que taponea los drenajes y provoca inundaciones.  Pero más lamentable es que nos quejemos de los daños que generan las lluvias y los encharcamientos y sigamos tapando las coladeras y arrojando basura a las márgenes de los ríos.

La ciudadanía, como figura jurídica, otorga derechos pero también impone obligaciones, así lo establece incluso nuestra Constitución Política[3].  Es decir, ser ciudadanos no solo consiste en recibir beneficios, sino en trabajar por el bien de nuestra comunidad.

Pero no confundamos: la participación ciudadana NO ES activismo político.

Cuando se nos menciona la idea “participación ciudadana” inmediatamente pensamos: ¡Qué pereza! Partidos políticos, guerra de grupos, corrupción…

Pero no es así, la participación ciudadana, tiene más bien que ver con hacer algo por nuestra comunidad.

Mauricio Merino considera que la participación ciudadana es una “forma de incluir nuevas opiniones y perspectivas. Se invoca la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida[4]”. (Merino, 2016)

En ese contexto, encontramos casos como el de Tatiana Clouthier.  Se trata de una activista y política de Monterrey que un día decidió salir a barrer el frente de su casa.

Después de hacerlo algunas tardes, sus vecinas (mujeres de poder adquisitivo suficiente para tener empleadas domésticas) imitaron su ejemplo.  Al poco tiempo, vecinos y vecinas que no se conocían comenzaron a interactuar gracias a la “hora de barrer”. Así lo relató Tatiana Clouthier en su columna en “Reporte Indigo” hace algunos años.

Al conocerse, platicar, saber los problemas que enfrenta el vecino o vecina, si tiene hijos, a qué se dedica, y demás; se fue construyendo una red de empatía.  Ya no era la vecina del 325, era doña Lupita y doña Lupita tiene tres hijos…

Dicen por ahí que uno no ama lo que no conoce y al irse conociendo, los vecinos fueron reforzando lazos que, a la vuelta de los meses, los llevaron a organizarse para vigilar la seguridad del fraccionamiento donde vivían.

No se trataba de contratar personal de seguridad, sino de estar al pendiente de la casa del otro, de lo que ocurre, se conocieron las rutinas y cuando algo extraño sucedía, se era capaz de sentir empatía y actuar a favor del otro, por el bien de todos.

Sin embargo, nos parece que el bien común es un concepto elevado que buscan filántropos o santos.  Pero no es así.  Muchas veces, el bien común no es el principal de nuestros objetivos.  Pensamos, inicialmente, en un beneficio personal que, compartido, se convierte en un beneficio común.

Un ejemplo de ello es un proyecto productivo que se desarrolla en Tijuana, Baja California.  Se trata de huertas urbanas que generan productos orgánicos, emplean a migrantes y se hace uso de las áreas verdes municipales en abandono.

Además de resolver la falta de empleo de sus creadores, se soluciona otro problema para el gobierno municipal: el cuidado y mantenimiento de parques y jardines; y, por supuesto, se beneficia a los migrantes que deportaron de Estados Unidos, o bien, que no han podido cruzar la frontera y viven, en muchos casos, en condiciones de calle.

Ya como empresa constituida y con un buen mercado para la venta de los productos orgánicos que genera, también busca promover la conciencia ecológica y mejorar la calidad de vida en el área metropolitana de Tijuana[5].

Así, podemos encontrar miles de ejemplos. En Morelia, hay asociaciones de colonos que surgen de la necesidad de gestionar agua potable y que ahora, mediante el apoyo de los tres niveles de gobierno y con la mano de obra de ellos mismos, rescatan áreas verdes, espacios comunes y hasta mejoraron la seguridad, por mencionar alguno.

Para cerrar esta idea, cito a la la Doctora Tanit Carolina Borja Martínez, profesora del Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad Autónoma de México quien, en una conferencia sobre la participación política de las mujeres resalto que “todos necesitamos del otro”  y subrayó que no podemos vivir como ermitaños.

En otro orden de ideas, debemos tener claro que la participación ciudadana tampoco se suscribe a votar.  En Michoacán existe una ley que regula seis figuras de participación ciudadana: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta popular, consulta a comunidades indígenas, presupuesto participativo y observatorios ciudadanos.

Se trata de una ley de 2015 que ha sido aprovechada solamente por comunidades indígenas. ¿Por qué no usamos los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley?  Me atrevo a afirmar que es porque implican mucha organización y trabajo.

Generalmente, para que alguno de los mecanismos se lleve a cabo, se requiere que el 2% del listado nominal lo solicite.  En Morelia, el 2 por ciento del listado nominal significan, aproximadamente, 20 mil solicitantes.  Para llevarlo a cabo a nivel estatal, se requieren cerca de 80 mil solicitantes que deben cumplir con ciertos requisitos[6].

 

Obligados a participar

Decíamos anteriormente que la ciudadanía genera derechos pero también impone obligaciones.  En ese sentido, el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[7] establece, en su párrafo III, que es obligación de los ciudadanos mexicanos “votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley”.

Sin embargo, a diferencia de otros países, si el ciudadano no cumple con ésta y otras obligaciones establecidas en las leyes, no hay sanciones.

En el caso de Chile o Perú, los ciudadanos que no acuden a votar, son sancionados con una multa.  La lógica, me parece sensata: organizar elecciones cuesta y el ciudadano está obligado a “reembolsar” el costo del voto que no ejerció.

Por otro lado, vivimos en una democracia representativa como lo señala el artículo 40 de la Constitución de este país. Sin embargo, pareciera que las autoridades representan solo a unos cuantos ante la falta de participación de los votantes.

En las elecciones del 2012 en las que resultó electo el actual Presidente Enrique Peña Nieto, había 79.5 millones de mexicanos en condiciones de votar (es decir, inscritos en el listado nominal), pero solo votaron 50.3 millones.

El actual Presidente, recibió una votación a favor de 14.509 millones, es decir, solamente el 18 por ciento de los mexicanos que podían votar, votaron por él y solo el 28 por ciento de los mexicanos que sí votaron, lo hicieron por Enrique Peña Nieto[8].

En otras palabras, uno de cada tres votantes lo eligió; pero del total de mexicanos en condiciones de votar, solamente 18 por ciento votó por él.

Visto de esa manera, los errores o aciertos en la administración del Presidente son responsabilidad de las decisiones que él toma, también de quienes votaron por él pero, sobre todo, de quienes no acudieron a votar.

Recordemos que ser responsables es asumir las consecuencias de nuestros actos pero también de nuestras omisiones.

Cumplir con nuestras obligaciones  nos toca a nosotros, pero a la administración pública le corresponde, precisamente, dar respuesta a nuestras necesidades sociales y cumplir con el contrato social.

Sin embargo, el gobierno no adivina y, aunque conozca nuestras necesidades, no hay recurso económico ni humano que logre cubrirlas todas, amén de la corrupción, la impunidad y demás vicios que impiden un adecuado cumplimiento de sus funciones.

Es por ello que, en aras de lograr una mejor calidad de vida, debemos, más allá de alzar la voz, generar soluciones.  Una de las soluciones que, particularmente me parecen más acertadas, es la organización civil.

Por ello, me resulta particularmente extraño que las autoridades presenten cierta resistencia a trabajar de la mano de las organizaciones ciudadanas que, por mucho, se conforman para ayudarles a cumplir con su tarea.

Además, los gobiernos que buscan la gobernabilidad y la gobernanza están obligados a transitar al diálogo con la sociedad, a interactuar con ella y retroalimentarse mutuamente.

Parece lógico, una cuestión de sentido común, pero en los hechos es distinto.

No afirmo que no existan espacios para la participación ciudadana, o que los gobiernos estén cerrando accesos.

Al contrario, reconozco que hay espacios institucionales para que los ciudadanos expongan sus puntos de vista como el Parlamento Juvenil, pero son espacios en los que las aportaciones no son vinculantes como, en su caso y bajo ciertos requisitos, los son los resultados obtenidos en el plebiscito y referéndum o como elementos de juicio para las autoridades como el caso de la Consulta Ciudadana[9].

 

El reto

El principal reto, cuando hablamos de participación ciudadana, es vencer la apatía.

Esperamos que los gobiernos atiendan nuestras necesidades pero no buscamos los canales para expresarlas.  Si tenemos algún conflicto, esperamos que alguien más tome la iniciativa para solucionarlo y, además, queremos un beneficio mayor si es posible.

Pero de tomar acción, de buscar mecanismos que nos permitan “dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades” como lo establece Mauricio Merino, no se habla.

Baden Powell dijo “debemos dejar al mundo mejor de cómo lo encontramos”, eso no implica que queramos salir y cambiar el status quo; significa que cada quien desde su trinchera, en el metro cuadrado que le toca, desde la influencia que puede ejercer y con sus propios recursos, busque que la realidad se transforme en un mundo mejor.

[1] Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Cifras correspondientes a marzo de 2017. INEGI, a través de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_04.pdf

 

[2] https://twitter.com/AlfonsoMtz_Mx/status/902654403882225668

 

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 35 y 36.

 

[4] Merino, M. (2016) La Participación Ciudadana en la Democracia, Cd. de México: INE, pág. 11

[5] http://www.calidad-de-vida.org/

 

[6] Ley de Mecanismo de Participación Ciudadana a través de: http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/michoacan/2016-ley-de-mecanismos-de-participacion-ciudadana

 

[7]  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

[8] Estadísticas del Instituto Nacional Electoral a través de: http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html#app=ff36&88fe-selectedIndex=5&bd55-selectedIndex=0&ea8f-selectedIndex=0&6b4e-selectedIndex=0&fc11-selectedIndex=0

 

[9] Ley de Mecanismo de Participación Ciudadana a través de: http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/michoacan/2016-ley-de-mecanismos-de-participacion-ciudadana

 

Liliana Ladrón de Guevara

About Liliana Ladrón de Guevara

Periodista Chilena, Máster en Gerencia Pública, (c) Doctor en Dirección y Gestión Pública. Actualmente se desempeña como Responsable del Área de Comunicaciones de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y de la Sede en Granada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Con 18 años de experiencia, ha trabajado en Chile como responsable del gabinete de comunicaciones de empresas públicas y privadas, destacando su actividad en municipios y ministerios de la nación. Vive desde hace 8 años en España y desde su actual actividad ha trabajado en diferentes encuentros internacionales, liderando procesos de comunicación corporativa, posicionamiento y difusión de eventos de carácter Iberoamericano. Es Coordinadora Académica del Diplomado Internacional en Comunicación Pública que imparte la sede en Granada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Coordinadora Técnica de la Red Iberoamericana de Comunicadores Públicos perteneciente a la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha trabajado en radio y en periódicos escritos y en la actualidad es Directora de la Revista Municipalista Vox Locális. En su actividad laboral se ha dedicado a profundizar en temas vinculados a la Administración Pública, al fortalecimiento de los Gobiernos Locales, a su posicionamiento internacional y al vínculo que necesariamente debe existir entre instituciones y ciudadanía en una adecuada Comunicación Pública. Profesora de diferentes programas académicos internacionales. Ha sido conferencista en diferentes encuentros internacionales, presentando paneles, comunicaciones y ponencias sobre Comunicación Pública, entre las que destaca la Conferencia Magistral dictada como ponente principal del Seminario Internacional de Comunicadores, organizado por la Universidad Nacional de Panamá bajo el título “ Comunicación Pública Redes y Sociedad”. En Twitter @ladroncita1